Miguel Ángel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), no está dispuesto a ser el primer funcionario alperovichista en llegar a juicio oral y público por presuntos hechos de corrupción. El ahora asesor del senador oficialista Sergio Mansilla cargó -en un texto enviado a LA GACETA- contra el fiscal de Instrucción, Arnoldo Suasnábar, que lo procesó por supuesto fraude al Estado, en concurso ideal con negocios incompatibles con la función pública. Según Brito, si Suasnábar considera que hubo irregularidades, también debería inculpar a los vocales del Tribunal de Cuentas (TC), Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci.

“El fiscal pretende llevarme a juicio imputándome un delito imposible de cometer sin la complicidad del TC en su conjunto, ya que Terraf, Vidal y Díaz Ricci verificaban y aprobaban mis actuaciones en cada caso en por lo menos cuatro oportunidades”, afirmó el ex titular de la DAU.

Se desentendió además del manejo de fondos para obras públicas. “Algo similar al Tribunal de Cuentas sucede con Contaduría General y Tesorería General de la Provincia, que son quienes autorizan y efectúan los pagos. Nunca manejé un peso para desembolso a proveedores. Pero a ninguno de todos estos funcionarios Suasnábar siquiera llamó para preguntarles algo sobre toda esta extensa causa”, agregó el ex legislador.

En agosto de 2012, Brito renunció a la DAU, luego de que LA GACETA publicara un informe del TC que revelaba sobreprecios en un proyecto de restauración de la fachada de Casa de Gobierno. Poco después, la radical Silvia Elías -entonces legisladora provincial, hoy en el Senado de la Nación- formuló una denuncia penal, en la que enunció supuestos trabajos que habían sido facturados aunque no concretados, y empresas aparentemente “fantasmas”.

La causa pasó por las oficinas de los fiscales Adriana Reinoso Cuello y Washington Navarro Dávila, antes de recaer en el despacho de Suasnábar, titular de la Fiscalía de Instrucción de la VII Nominación. Brito cuestionó al investigador en lo penal por haberse intentado excusar aduciendo un lazo de amistad. “La actuación de este fiscal es una vergüenza para el Poder Judicial y para la sociedad. Primero, a los fines de que no le den este trabajo, sobreactuó aduciendo amistad conmigo, lo cual es falso. Y en segundo lugar, ya cuando debía trabajar, investigando las denuncias y atendiendo los descargos, nada hizo; ni siquiera levantó el trasero de su sillón para ir a ver, aunque sea por curiosidad, algunas de las obras tan mediáticamente denunciadas”, dijo Brito.

Parte de las supuestas irregularidades que constan en el expediente surgieron a partir de una auditoría que elevó en 2013 el presidente del Tribunal de Cuentas. En ese informe se consignan, sobre la base de 423 obras públicas realizadas por la DAU, presuntas anomalías en 89 casos. “Esas obras fueron falsamente informadas como inexistentes por Terraf, en su apuro por vengarse de mis dichos, ya que lo implicaban como asociado de una legisladora que andaba en campaña para diputada”, añadió, en alusión a Elías, quien tras los comicios pasados dimitió para asumir como senadora.

El procesado ex funcionario aseguró que “las obras están a la vista de todo el mundo”. “El caso más paradigmático es el caso de la plaza Belgrano, de Yerba Buena, que se encuentra a la vuelta de la casa del fiscal Suasnábar. Ni así se tomó el trabajo de ir a verificar estas tareas”, aseguró Brito.

A través de su defensor, Arnaldo Ahumada, requirió su sobreseimiento en esta causa, que de llegar a condena en juicio tiene penas de hasta seis años de prisión. La jueza de Instrucción de la V Nominación, Mirta Lenis de Vera, será quien determine si Brito deberá responder las imputaciones en un debate oral y público. Según fuentes tribunalicias, Ahumada ya interpuso un planteo cuestionando algunos puntos aparentemente poco claros de la imputación.

Elogios.- Miguel Brito aseguró que “la fiscal inicial de la causa, (Adriana) Reinoso Cuello, fue la única que trabajó y verificó que nunca la DAU contrató empresas ‘fantasmas’, ya que todas se encuentran inscritas en AFIP y en Rentas provincial y municipal”.

Más Críticas.- “Como si fuera poco lo del fiscal Suasnábar, hubo también un mal trabajo de la contadora (María Elena) Lampa, que se precia de ser perito contable del Poder Judicial. Le faltó idoneidad y conocimiento de las leyes que rigen en la administración pública. Confundió la ley 5.854, de Obras Públicas, con la ley 7.960, que es de excepción a la anterior para las obras por administración”, dijo Brito.

“Podemos contra la corrupción”.- La senadora radical Silvia Elías de Pérez utilizó su cuenta de la red social Twitter (@SilviaEdePerez) para referirse a la noticia sobre el requerimiento de elevación a juicio de la causa “DAU”. “Esto nos da un mensaje a los tucumanos de que podemos contra la corrupción y los negociados del poder. Denunciar a los que usan el dinero de los tucumanos para beneficio propio, seguirá siendo nuestra lucha. Es posible”, redactó, en dos tuits, la dirigente opositora.